Introducción
La desnutrición puede tener efectos devastadores para la salud a largo plazo, aumentando el riesgo de enfermedad y muerte (1). De hecho, 2,8 millones de niños mueren cada año por causas relacionadas con la desnutrición (2). Esto genera preocupación por el crecimiento deficiente, la pérdida excesiva de peso y la mortalidad debido a la falta de micronutrientes esenciales (2). Los niños desnutridos pueden presentar desenlaces fatales o retrasos en el desarrollo y problemas del sistema inmunológico (3), riesgo de contraer enfermedades graves como neumonía, diarrea, malaria, VIH/SIDA o sarampión (4), dificultades psicomotoras e incidencia directa en el rendimiento y el aprendizaje (5). Las muertes por esta causa se consideran evitables gracias a la implementación de intervenciones de políticas públicas, una atención oportuna y la buena calidad del sistema de salud (6).
En el departamento del Chocó, confluyen un conjunto de condiciones sociales precarias. Es una de las regiones más rezagadas del país en términos económicos, necesidades básicas insatisfechas y condiciones de vida (7–9). En paralelo, el territorio chocoano está golpeado por la permanencia y agudización del conflicto armado (10). Además, presenta una elevada tasa de desnutrición en menores de cinco años (11), con un valor para 2021 de 89,0 en Chocó, más de 11 veces la tasa nacional que fue de 7,8 (11). La prevalencia de desnutrición aguda en Colombia entre los menores de cinco años en 2022 fue del 5,55% (12). Durante este mismo año, de los ocho municipios del país con las mayores tasas de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, tres son del departamento de Chocó: Bagadó (10,2%), Cantón de San Pablo (8,10%) y Alto Baudó (5,94%) (12), (10).
El conflicto armado es un determinante de la salud que afecta los resultados y las oportunidades en salud y tiene un impacto particular en la salud de niños y niñas (NN), ya que al estar expuestos a entornos donde se vulneran sus derechos, se limitan sus oportunidades de desarrollo social e intelectual y su calidad de vida (13). Las condiciones de extrema pobreza generadas por el conflicto armado hacen que los niños, niñas y adolescentes tengan dificultades para tener una alimentación balanceada (14) por los cortes en el suministro de alimentos, propios de la dinámica del conflicto, y la interrupción de los servicios de salud (15). En este sentido, los menores de cinco años son el grupo más vulnerable (15).
Es necesario profundizar en las consecuencias del conflicto armado en la salud de este grupo poblacional y particularmente en sus efectos sobre la desnutrición y sus muertes en el departamento de Chocó, dada la persistencia de la alteración constante del orden público. En este boletín técnico, se presenta un panorama general del hambre como estrategia de control territorial y la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años en Chocó, como consecuencia del conflicto armado.
Resultados
La desnutrición en menores de 5 años en Chocó y su relación con el conflicto armado
De los 31 municipios del departamento, el 64,5% presenta una razón de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años por encima del promedio nacional, la cual ha estado entre 2,22 y 3,59 muertes por 1000 nacidos vivos (Tabla 1 y Gráfico 1). Esto evidencia una dinámica contextual compleja, vulnerabilidad económica y social, por ejemplo, el Medió Baudó, Bojayá, Alto Baudó y Medio Atrato tienen mayor razón de mortalidad infantil en menores de cinco años, que coincide con presencia e impacto negativo del conflicto armado.
Desde 1996, las fuerzas paramilitares incursionan en el departamento y las acciones bélicas se han caracterizado por el control territorial (16). Es crítica la situación en el Bajo San Juan por los fuertes combates entre el ELN y el Clan del Golfo. Al menos 12 comunidades están en el epicentro de la disputa territorial y hoy claman por alimentos y medicamentos (2). La Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos en 27 de los 31 municipios del Chocó, debido a estas disputas territoriales que han resultado en desplazamientos masivos y confinamientos, reclutamiento de niños, niñas y jóvenes, extorsión, problemas ambientales (minería ilegal y deforestación), incluso los mandatarios locales deben gobernar desde otros territorios (17).
En el primer semestre de 2024, el Defensor del Pueblo, emitió una Alerta Temprana por alto riesgo, en la subregión Pacífico Norte del departamento del Chocó, causada por el repliegue y fortalecimiento de las AGS y la guerrilla del ELN, que habría aumentado los desplazamientos individuales y masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, homicidios selectivos y masacres, violencias basadas en género y la trata de personas (18). Este contexto, sumado a la restricción de salir a pescar y a cosechar los cultivos de pancoger (19), ha generado hambruna en las poblaciones del Chocó (19).
Una particularidad del conflicto armado en esta región es la forma en que los grupos armados ejercen control sobre los alimentos como medio de coerción y el sometimiento se convierte en un acto de violencia. Esto actúa como un "efecto dominó", es decir, desencadena acontecimientos que vincula y exacerba otros fenómenos como la inseguridad alimentaria, la desnutrición y la mortalidad de niños menores de cinco años.
Entre el miedo y el hambre
El hambre no es la consecuencia de la guerra, más bien, en muchos casos, se trata del resultado mismo buscado por los beligerantes (20). Esto ocurre en el Chocó, a pesar de la protección a los civiles en territorios asediados por el derecho internacional humanitario (DIH) (21), que prohíbe hacerlos pasar hambre como medio de guerra o destruir y robar bienes esenciales para la supervivencia de las poblaciones, como alimentos y zonas agrícolas que los producen.
Intereses económicos e impacto de los grupos armados en el Chocó
Las características biogeográficas del Chocó, único departamento del país que posee dos costas, lo convierten en un blanco apetecido por actores –armados y no armados–, quienes aprovechan para enriquecerse con este territorio (22). La utilización de la violencia se convierte en instrumento para alcanzar las metas económicas y la explotación de recursos minerales de forma indiscriminada por los grupos ilegales:
“(...) por favor, ya no aguantamos más, tenemos hambre, tenemos miedo, nos tocar dormir en el piso, mucho enfermo. Acá hay niños y adultos enfermos. A nosotros no nos mató el COVID, pero de a poquito nos va a matar esta guerra”. Habitante bajo San Juan (23)
Las dinámicas económicas que imponen afectan negativamente a las comunidades en la medida que socavan las estructuras ancestrales de producción agrícola y las tierras utilizadas para cultivar y cosechar alimentos. De manera similar, afecta el capital, tanto humano como físico, ya que desplaza empleos y fuentes de ingresos, dejando a las comunidades "participar" en la explotación de mano de obra barata en condiciones de inestabilidad y escasez:
“(...) por el extractivismo hay otras economías que se han incentivado en la región, […] como la minería ilegal mecanizada que ha desplazado el ejercicio de las prácticas tradicionales de siembra. Entonces una comunidad […] cuando se cambia a la minería con retroexcavadora o a trabajar como empleado en estos entables mineros deja de cultivar por concentrarse en este tipo de minerías”. Actor institucional 1U
En el extractivismo minero, el empleo de sustancias como el cianuro y mercurio trae consigo daños ecológicos, afecta los suelos, las fuentes hídricas y las comunidades. Los desenlaces de estas prácticas son negativos, puesto que los pobladores se han visto obligados a limitar el consumo de algunas especies de peces de río por la bioacumulación de metales pesados, situación que implica fractura en la dieta alimentaria de las comunidades chocoanas:
“(...) el bocachico no lo consumen por miedo al mercurio, por ejemplo. Entonces una abuelita cuya base alimenticia su dieta alimenticia está alterada porque ella no come carne de res, por ejemplo, porque no hay vacas en este lugar, sino que está el pescado, entonces mire la deficiencia nutricional que se puede presentar en especial a un adulto mayor y en los niños[...]” Actor institucional 1U
La minería ilegal y la siembra de cultivos ilícitos se instauran como la fuente principal de ingresos para los grupos armados. Los beneficios de la minería de oro les generan capacidad para financiar sus economías, ganar dinero y controlar poblaciones y territorios, alimentan así sus economías de guerra mediante la explotación directa e indirecta de recursos altamente lucrativos en los mercados internacionales (24).
La contaminación del suelo por la minería provoca entonces la reducción y el deterioro de la calidad de las plantas, la contaminación de la fauna y la infertilidad del suelo, por lo que ha disminuido el cultivo de algunos productos de la dieta chocoana:
“(...) “[…] si tú te vas por ejemplo al Cantón de San Pablo a río Quito, en muchos lugares los suelos también están contaminados por el mercurio y […] hay otras sustancias tóxicas que están presentes en el ejercicio de la minería ilegal, entonces son suelos en que ya no se siembra nada, nada produce, como dice la comunidad nada pega, entonces los cambios en qué se consume también se ven alterados por esa economía extractivista”. Actor institucional 1U
Este engranaje de situaciones viola el derecho a la alimentación, degrada las prácticas agrícolas ancestrales y aumenta la probabilidad de desnutrición y muerte relacionada con esta u otros factores. También, conlleva a la desterritorialización, ya que las comunidades que carecen de seguridad alimentaria y de vivienda se ven obligadas a migrar a otras áreas donde creen que pueden satisfacer sus necesidades.
Finalmente, las diversas formas de violencia perpetradas por los actores armados, en particular la economía de guerra y el confinamiento, han contribuido al debilitamiento de las posibilidades de acceso a alimentos Gráfico 2.
Respuesta institucional y social
El gobierno nacional y local, en conjunto con las organizaciones humanitarias y los lideres comunitarios han generado estrategias para apoyar la emergencia en torno al conflicto armado, la inseguridad alimentaria y la mortalidad en menores de cinco años en Chocó. Las respuestas identificadas en el territorio giran alrededor del acompañamiento a los consejos comunitarios sobre inversión pública, incentivos económicos por servicios ambientales y proyectos de cooperación para recupera prácticas ancestrales de siembra.
