Introducción

La pandemia por COVID-19 ha permitido ampliar la discusión sobre las garantías en salud de los pueblos indígenas en Colombia. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha identificado algunos riesgos generales y vacíos de protección de la población indígena colombiana ante la situación por la pandemia, estos comprenden, principalmente, el riesgo de insuficiencia alimentaria, altos índices de desnutrición, la falta de acceso agua potable y el limitado acceso a servicios y atención hospitalaria debido a los pocos centros de salud por ausencia de infraestructura suficiente y bien dotada con recurso humano y físico a nivel nacional (1). Allí también, identificaron como los pueblos indígenas más afectados a las etnias Wayuu, Wiwa, Kogui, Yukpa, Pastos, Awá, Embera Eyavida, Embera Dóbida, Chami, Zenú, Wounaan Tule, Amorua, Sikuani, Sáliba, Pueblos Indígenas amazónicos transfronterizos (Inga, Quillacinga, A’i Kofán, Eperara Siapidaara, Kamentsá, Murui, Siona, Secoya, Coreguaje).

Al 15 de septiembre de 2021, se han reportado 70.261 casos de COVID-19 en población indígena en el territorio colombiano, de las cuales han fallecido 2.049 personas según las cifras del Instituto Nacional de Salud (2), el número de muertes en indígenas es comparable con las que ha reportado Corea del Sur, país con una población similar a la de Colombia o casi el doble de las reportadas por toda Australia (3, 4). Como se observa en los gráficos 1 y 2, los lugares con mayor número de casos notificados de COVID-19 en población indígena son Bogotá, Bolívar, Santander, Cundinamarca y Valle del Cauca, los cuales incluso superan la tasa de incidencia en población no indígena. (Gráfica 1)

No hay actualizaciones recientes del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) que den cuenta del número de contagiados y fallecidos pertenecientes a pueblos indígenas. El último boletín emitido corresponde al de inicios de enero del 2021 en el cual se relacionan 1.385 fallecimientos de 41.313 casos de contagios en población indígena, donde los contagios habían llegado a 72 de los 115 pueblos y naciones indígenas de Colombia (5). Las etnias más afectadas con relación a su distribución poblacional por contagio corresponden a: Pueblo Zenú (7.783), Pijao (3.524), Pasto (2.557), Wayuu (2.000), Mokana (1.920), Kankuamo (1.626), Nasa (1.457), Muisca (1.456) y Tikuna (623); se reportan sin comunidad a 7.621 personas y están por definir otras 17.176 (2). El panorama de contagios y muertes por COVID-19 en los pueblos indígenas de Colombia ha sido alarmante y hasta cierto punto desconocido puesto que existe subregistro en la detección y seguimiento a los casos que se continúan presentando en los territorios de los resguardos y asentamientos comunitarios en las áreas dispersas del país (6), situación que, es necesario aclarar, no es exclusiva para pueblos indígenas. Así pues, este estudio realizó un análisis con los pueblos étnicos Tikuna y Yukpa durante el 2020 para, a partir de estos, entender el efecto del COVID-19 en dos fronteras opuestas del país y aportar alternativas de manejo de la pandemia en la población étnicamente diferenciada.

Metodología

En el 2020, se desarrollaron dos estudios de caso de enfoque cualitativo, el primero con el pueblo indígena Yukpa, habitantes nómadas y seminómadas de Colombia y Venezuela y, el segundo, con el pueblo Tikuna, comunidad transfronteriza ubicada en la región de la Amazonía colombiana, peruana y brasileña. Los estudios tuvieron en común su enfoque en pueblos indígenas asentados en zonas fronterizas, también, todos parten de revisiones bibliográficas de fuentes como: artículos académicos, reportes periodísticos, informes de organizaciones indígenas nacionales, datos oficiales de entidades nacionales en salud y comunicados de las Autoridades Indígenas Tradicionales.

El estudio del pueblo Tikuna se centra en los efectos en salud desencadenados por la llegada de la enfermedad y la influencia de las dinámicas migratorias en la propagación del virus, tomando como fuentes primarias de información entrevistas semiestructuradas realizadas a miembros y líderes indígenas del pueblo Tikuna, representantes de asociaciones indígenas y encargados del SMT de la ONIC. Este aspecto lo diferencia del estudio del pueblo Yukpa, el cual privilegió el análisis de fuentes documentales para aproximarse, mediante un análisis interpretativo del fenómeno de la emergencia sanitaria, a las afectaciones que el COVID-19 ha generado sobre esta población.

Resultados

Según el informe de análisis de la situación de la pandemia por COVID-19 en Colombia realizado por organismos internacionales, las personas indígenas contagiadas tienen mayor vulnerabilidad a contraer otras enfermedades presentes en los territorios de áreas dispersas y requerir atención médica, como ha sido el caso con las enfermedades transmitidas por vectores (7). También, relacionan que el déficit en atención primaria agravado por la pandemia pone en riesgo a la población indígena de contraer enfermedades como la malaria y dengue de las cuales se estima que alrededor de 202.000 personas sean susceptibles a la exposición (7). Asimismo, se llama la atención sobre la falta de infraestructura sanitaria en los territorios aislados donde se encuentran ubicados los resguardos y asentamientos indígenas.

El Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU enuncia a los pueblos indígenas como la población más vulnerable ante epidemias debido a los altos índices de pobreza extrema que registran y a los limitados o inexistentes servicios de salud con que cuentan (8). A esto se suma la disparidad en el registro de cifras de parte de las dos fuentes oficiales: la Estatal y la de las autoridades indígenas, así como a las dificultades para el levantamiento de datos en especial asociadas a la variable étnica. Estas dificultades corresponden a barreras lingüísticas de parte de la población indígena, sumado a las capacidades en enfoque diferencial con que el personal de salud se aproxima a esta población para realizar las pruebas diagnósticas, el diligenciamiento de los formatos, la actualización censual departamental y municipal, entre otros.

Respecto a los estudios de caso de efectos del COVID-19 para Tikunas y Yukpas, una situación en común es que al ser pueblos transfronterizos enfrentan problemáticas históricas comunes de desigualdad, pobreza, exclusión, cercamiento territorial y de vulneraciones durante el ejercicio de su movilidad al realizar recorridos de pesca, caza y subsistencia que obedecen a sus patrones culturales. Así pues, cualquier factor que impida o limite estas prácticas, atenta directamente sobre la soberanía y seguridad alimentaria de las poblaciones, derruyendo su pervivencia física y cultural. Bajo esta óptica, abordar las afectaciones por una emergencia sanitaria como la actual pasa por el reconocimiento de derechos colectivos de los cuales dependen el aseguramiento de los derechos individuales vulnerados.

Afectaciones sobre el pueblo Tikuna del Amazonas

El pueblo Tikuna es heterogéneo, ya que está compuesto por miembros en contacto inicial y otros plenamente contactados. Habita en su mayoría en la Amazonía brasileña, peruana y colombiana (Gráfica 2), un territorio vasto, selvático con población vulnerable, dispersa, con deficiente red hospitalaria y bajo la jurisdicción de los tres países. Este fue uno de los lugares donde la pandemia tuvo mayor impacto durante los primeros meses de la emergencia. La situación en la frontera trinacional no es comparable con otras en las que se puede ejercer control, por lo que la constante movilidad y las políticas laxas, heterogéneas y poco articuladas entre los tres países propiciaron la rápida propagación de la enfermedad.

Ante este escenario, muchos de los pueblos indígenas de la zona, haciendo uso de su organización propia y autogobierno, declararon cuarentenas en los territorios, suspendieron actividades al interior de las comunidades y restringieron el acceso a personas externas (9). Como parte de su cotidianidad está la realización de actividades colectivas en espacios reducidos como las malocas, las casas plurifamiliares y salones comunales, donde se comparte mano a mano la comida. Por esta naturaleza de sus ocupaciones fue difícil adoptar y continuar con las medidas impuestas en muchos de sus resguardos y asentamientos.

La pandemia generó una afectación biopsicosocial en los pueblos indígenas por aspectos asociados con su salud física y mental, así como la alteración en la cotidianidad de sus prácticas y la organización social interna de la comunidad la cual se vio trastornada por las medidas adoptadas para contener el virus y la atención en salud casi exclusiva para personas contagiadas de COVID-19. La mayor preocupación de los líderes indígenas es el precario acceso a los servicios de salud, debido a la deficiente infraestructura, el escaso talento humano, la distancia geográfica, el conflicto armado, el abandono de los centros de salud, la poca formación a promotores rurales de salud y la escasez de medicamentos esenciales.

Los efectos en la salud a causa de la pandemia se asocian también a enfermedades prevalentes y la decisión colectiva de no asistir a los centros de salud, en vista de que no percibían procesos eficientes de atención ni se les permitía hacer los rituales de despedida de sus muertos, como hace parte de la cosmovisión Tikuna. El pueblo decidió también, de forma colectiva, no dejarse tomar más muestras para rastrear a los contagiados por esta nueva enfermedad. Plantearon una reducción del ritmo de vida que estaban asumiendo de la mano del contacto con occidente, esta situación los llevó a regresar a su cultura, sus tradiciones y a sus propios saberes, fomentando el uso de su propia medicina; implementaron los tratamientos que conocen para enfermedades respiratorias y, en los casos que morían las personas, hicieron el ritual de despedida que hace parte de su tradición, siendo la muerte un golpe para la memoria colectiva de toda la comunidad, en especial cuando fallecían las personas mayores. Como secuelas, las personas que presentaron síntomas graves y requirieron de estancias prolongadas o procedimientos invasivos reportaron pobres procesos de rehabilitación integral, además quedaron sin reportarse fallecimientos para los indígenas Tikuna por la disposición que hacían de los cuerpos en medio de sus rituales.

Afectaciones sobre el pueblo Yukpa de la Serranía del Perijá

La población Yukpa del noroccidente del país (Gráfica 3), consta de 3.610 personas según el censo poblacional del 2018; por su parte, de acuerdo al Plan de Vida Yukpa de 2014, se estima alrededor de 9.000 personas (10). La comunidad se encuentra en condiciones de vida alarmantes: no cuentan con cobertura, ni prestación de servicios públicos y ante la presencia de casos por COVID-19 es notoria la ausencia de acciones del Estado (11), destacándose la falta de cobertura de infraestructura en salud y debilidades en los sistemas de salud local en los territorios ancestrales; la falta de suministro de agua potable y la baja garantía de seguridad alimentaria como problemáticas de base. Estos factores dificultan el acceso a la salud y se precarizó más con la pandemia, afectando las deficientes condiciones inmunonutricionales de la población (12). En este contexto, la proclividad a contraer COVID-19 con posibles desenlaces severos es alta, adicionalmente es imprecisa la estimación actual de contagios, decesos y complicaciones por la determinación de pertenencia étnica expuesta anteriormente.

(Gráfica 4)

De este modo, las notificaciones de contagios de personas autorreconocidas del pueblo Yukpa corresponde a 33 casos (5) y se resalta el amplio interés periodístico que suscitó este caso al inicio de la pandemia. Se identificó a una mujer Yukpa, asentada en un campamento en la ciudad de Cúcuta, de ser la primera persona indígena contagiada por coronavirus en Colombia (14). Adicionalmente, la ONIC denunció a inicios de la pandemia que en el barrio El Escobal de Cúcuta se encontraban más de 250 indígenas en hacinamiento, sin cobertura de las necesidades básicas y con desprotección de sus derechos individuales y colectivos de parte de agentes y funcionarios del sector público (15). Otros medios relataron los casos de COVID-19 en la población Yukpa en condición de calle de El Escobal, presentándolos como culpables de la propagación del virus en el barrio, responsabilizándoles de la precariedad en que se encuentran y estigmatizándoles por su pertenencia indígena con frases como: “muchos indios siempre encuentran la manera de evadir los protocolos” (16). Esta nota refleja el profundo desconocimiento que tiene un sector de la sociedad ante el contexto de los pueblos indígenas, en especial de aquellos transfronterizos y forzados al desplazamiento, pero también evidencia las deficiencias en el abordaje diferencial de la pandemia, donde no se observan adecuaciones socioculturales dirigidas, especialmente, a grupos étnicos sobre educación en la prevención del contagio, los protocolos de desinfección, así como la provisión de los insumos mínimos para tales fines.

Otros de los cubrimientos en medios locales hacen referencia a los contagios del Cesar donde destacan un bebé de seis meses con una cardiopatía congénita quien se encontraba en seguimiento médico hasta que presentó un cuadro respiratorio alarmante a causa de COVID-19 (11). Esta situación permitió́ que las autoridades Yukpa del resguardo Iroka manifestaran en la nota periodística sus reiterativas exigencias al Gobierno Nacional sobre mayor asignación territorial, pues aseguran que el hacinamiento no se da exclusivamente en los campamentos de los migrantes y desplazados, sino también en los resguardos. Apelan, así, al ser seminómadas y a sus actividades de subsistencia de caza, pesca y recolección en tierras actualmente no productivas y debilitadas por la industria de la palma y las multinacionales mineras. La descripción de esta situación condensa varias de las problemáticas que afronta el pueblo Yukpa por su estado de indefensión donde el mayor atenuante es la ausencia de autonomía territorial, que restringe directamente el desarrollo de la medicina propia con base en las plantas curativas del territorio, además del desarrollo de prácticas tradicionales, que garantizan su soberanía alimentaria, lo cual les implica un mayor grado de vulnerabilidad ante la emergencia sanitaria y el riesgo de contraer el SARS-CoV-2 sin facilidades de atención clínica y seguimiento.

Conclusiones

Las condiciones históricas de vulnerabilidad, la prevalencia de enfermedades y de condiciones desfavorables para los pueblos indígenas han generado afectaciones diferenciales a causa de la emergencia sanitaria. La alarmante situación ha dejado en manifiesto que las necesidades de los pueblos no han sido satisfechas y requieren atención estatal de manera prioritaria para la presente pandemia, así como en el mediano y largo plazo para garantizar la pervivencia de los pueblos indígenas.

Recomendaciones

  • Fortalecer el monitoreo en salud de las poblaciones indígenas y el Sistema Indígena de Salud Propia (SISPI) mediante acciones conjuntas entre el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y las organizaciones indígenas nacionales y territoriales.
  • Mejorar el primer nivel de atención y la puerta de entrada al sistema de salud en los territorios habitados por los pueblos indígenas.
  • Adecuar la atención en salud que responda a un enfoque étnicamente diferenciado.
  • Establecer mecanismos conjuntos con los gobiernos vecinos que garanticen la atención en salud de las comunidades indígenas en frontera.
  • Implementar estrategias diferenciales que garanticen la seguridad alimentaria según las prácticas tradicionales de estos pueblos.
  • Crear mesas técnicas entre el Sistema de Monitoreo Territorial de la ONIC y las entidades territoriales en salud para subsanar las falencias de detección, reporte, aislamiento y trazabilidad de la información de contagio por COVID-19 en la población indígena de Colombia.
  • Reconocer y valorar la autonomía de los pueblos indígenas con base en las experiencias propias exitosas, mitigando los efectos mortales de las enfermedades externas.
  • Fomentar el autogobierno de los pueblos indígenas mediante la coordinación entre autoridades gubernamentales e indígenas en todo aspecto que los contempla.

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