La salud mental de los sujetos se expresa en las formas de relacionamiento del individuo con su familia y comunidad, obedece a procesos de carácter histórico, político, social y cultural, por tanto, no sólo depende de aspectos de índole biológico del individuo, sino también de sus condiciones de vida y la garantía de sus derechos (2). En Colombia, la Ley 1616 de 2013 define la salud mental como un estado dinámico de los sujetos que les facilita relacionarse con el otro, aportar a su familia, comunidad y desenvolverse en su vida cotidiana, a partir de sus recursos emocionales, mentales y cognitivos (1).
El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos de la población, a través de diferentes modalidades de violencia. Los daños producidos a las víctimas son diversos, entre ellos, los morales, emocionales y a la salud, todos relacionados con la salud mental (3). Los daños en el ámbito de la salud mental han sido reconocidos por el Estado colombiano desde una apuesta de política pública, donde se reconoce que el conflicto armado afecta no sólo físicamente a las víctimas, sino que también interfiere en su proyecto de vida, y las esferas individual y colectiva (4). En ese orden, esta aproximación busca identificar los principales daños en la salud mental de las víctimas del conflicto armado colombiano, entendiendo por tales daños, los emocionales, morales y las alteraciones a la salud mental, a partir de testimonios de víctimas de hechos del conflicto.
Los daños causados por el conflicto armado adquirieron diferentes dimensiones que varían de acuerdo a la experiencia de cada individuo, no obstante, el impacto del conflicto se visibiliza en diferentes planos de la vida de los sujetos, en algunos se expresa de forma directa sobre sus cuerpos, en otros, sobre lo emocional, lo moral o la familia de los afectados; lo cierto es que dichas circunstancias cambiaron las vidas y dinámicas cotidianas de la población afectada.
Se debe fortalecer el acompañamiento jurídico, psicosocial, material, y demás actividades que debe realizar el Ministerio Público y las autoridades policivas con el fin de mitigar las consecuencias del conflicto sobre la población y evitar hechos de revictimización. En ese mismo sentido, es necesario que las acciones estatales continúen con procesos de autoreconocimiento, en donde lo acontecido deje de ser silenciado y ocultado, facilitando así la recuperación emocional, social y moral de las víctimas.
Finalmente, los resultados aquí presentados no pueden evidenciar toda la complejidad de los daños que han experimentado las víctimas, por lo que se presentó una abstracción representativa de esa compleja y enorme realidad.
Referencias
1. Ministerio de Salud y Protección Social. Ley 1616 de 2013. 2013. p.1–17.
2. Stolkiner A, Ardila S. Conceptualizando la salud mental en las prácticas:consideraciones desde el pensamiento de la Medicina Social/Salud Colectiva Latinoamericanas. J Chem Inf Model. 2012;53(9):1689–99.
3. Centro Nacional de Memoria Histórica. Basta ya Colombia: memorias de guerra y dignidad. segunda. Bogotá D.C: Imprenta Nacional; 2013.
4. Congreso de la República de Colombia. Ley 1448 de 2011. Ley de víctimas y restitución de tierras. Vol. 2011. 2011.
5. Valles M. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. primera. Madrid: Editorial Síntesis; 1999.430 p.