​Informe del ONS, del INS, señala que persisten desigualdades sociales y barreras de acceso a los servicios de salud que afectan a las poblaciones más vulnerables.

Una revisión, en su mayoría para los años 2015 a 2020, pero en algunos casos desde 1998, de siete eventos de interés en salud pública por parte del Observatorio Nacional de Salud, ONS, del INS, identifica la persistencia de desigualdades sociales y barreras de acceso a servicios de salud como determinantes a intervenir para mejorar indicadores en salud pública.

. El último informe del Observatorio Nacional de Salud, ONS, del INS, revisó la situación de siete eventos de interés en salud pública entre los años 2015 y 2020, y algunos desde 1998, encontrando que las barreras de acceso a los servicios de salud y las desigualdades siguen siendo determinantes sociales que impactan los resultados en salud pública y generan brechas entre la población que tiene mejor acceso y posibilidades económicas, frente a las que no tienen esas condiciones.

El estudio a profundidad hecho por el ONS para mortalidad materna, bajo peso al nacer, lesiones por tránsito, obesidad, covid-19, salud mental y violencia, evidencia y confirma lo que otros estudios han reportado, pero señala además cambios que pueden ser tenidos en cuenta para mejorar la intervención de estos eventos desde el punto de vista de salud pública.

El ONS concluye en su informe, como las mujeres gestantes indígenas y afrodescendientes, tienen 7 y 3 veces, respectivamente, más probabilidades de morir en el embarazo, durante el parto o después de este, al igual que aquellas afiliadas al régimen subsidiado en salud, en condiciones socioeconómicas vulnerables, y las que reportan menos de cuatro controles prenatales. Así mismo, el bajo peso al nacer se concentra en mujeres indígenas, en condiciones socioeconómicas muy vulnerables y sin aseguramiento.

El director general del INS, Giovanny Rubiano García, señaló la necesidad de seguir fortaleciendo los informes técnicos del Instituto, y que esas recomendaciones técnicas no solo lleguen a los tomadores de decisiones, sino que sean un insumo clave para la gestión e intervención de la política pública en favor de aquellas poblaciones más desfavorecidas. 

El director del INS agregó, que al verificar los informes específicos de la población más vulnerable del país, se deben tener en cuenta dos aspectos claves: el primero, es que persisten las desigualdades sociales históricas en esas poblaciones más alejadas y vulnerables; el segundo, la inadecuada gestión de la atención en salud de esas poblaciones por parte de los diferentes actores del sistema.

“Los informes técnicos, que salen de los especialistas del INS, tienen que llegar al tomador de decisión, para identificar la causa raíz de las dificultades en el territorio, ya sea por temas de acueducto, de saneamiento ambiental, en fin, diferentes aspectos claves, pero también en el sentido de la gestión riesgo por parte de los aseguradores. La articulación de las estrategias, tanto del territorio, como del sector salud a nivel nacional y departamental, serán claves para buscar resultados en la población más desfavorecida en el territorio nacional", dijo Rubiano García.

El informe, además, permite conocer para el caso de la salud mental, que solo el 20% de las personas con depresión mayor tuvieron acceso a consulta especializada con su administradora de planes de beneficios o EAPB. Esta situación se hace más evidente cuando no se cuenta con condiciones económicas y se tienen barreras de acceso a los servicios. 

En el caso del suicidio y el intento de suicidio, se encontró que los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, representan el 26,8% de las muertes y el 47,6% de los casos por esta causa. Entre 2018 y 2020, se suicidaron 8.549 personas y 85.526 más lo intentaron. Solo en 2020 se perdieron casi 140.000 años de vida saludable. Aunque los intentos de suicidio son más prevalentes en mujeres (62,7% del total del periodo), los suicidios consumados son más frecuentes en hombres (80,9% del total). En especial por los métodos más letales empleados por los hombres. Los departamentos de Risaralda, Vaupés y Quindío tuvieron las tasas más altas de intentos de suicido.

Carlos Castañeda Orjuela, director del Observatorio Nacional de Salud, explica que muchos de estos análisis necesitan un enfoque de género para poder implementar intervenciones, como sucede con el caso del suicidio y las lesiones de tránsito, que afectan principalmente a la población masculina.

Según el experto, un abordaje desde la perspectiva de la salud pública, con un enfoque diferenciado, territorial, de género e intersectorial pude lograr mejores resultados. “No solo es identificar el problema y hacer las intervenciones desde la política pública, es revisar entre distintos actores cómo se pueden abordar las situaciones y cómo intervenir para hacer un quiebre en indicadores y en las causas evitables que generan estos eventos de salud pública".

El informe llega más allá y evidencia con preocupación, como en los territorios cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, priorizados precisamente por ser los territorios más afectados por el conflicto armado y con mayores índices de pobreza, las cifras de homicidio tienen un incremento en 2015, en comparación con los territorios que no son PDET.  

Aún cuando los homicidios bajaron durante el proceso de negociación gobierno-FARC. No obstante, las brechas existentes en estos territorios PDET se mantienen y la violencia aumenta el número de vidas perdidas, y el acceso a la salud en zonas rurales sigue siendo la tarea pendiente, por lo que el informe recomeinda la implementación del plan de salud rural.

Otros de los eventos abordados son las lesiones por tránsito, que cada año generan entre 4 mil quinientas y 6 mil muertes. Por ejemplo, en Cali, una de las mayores tasas de muerte por siniestros viales se presenta en los motociclistas, 7,9 personas muertes ocurren por cada 100 mil habitantes, casi 3 puntos por encima del promedio de esta tasa a nivel nacional. Son los hombres, los más afectados. 

Por último, el informe hace una revisión de la obesidad que afecta principalmente a departamentos de mayor riqueza en los análisis con datos agrupados, mientras otros estudios la asocian a menores condiciones socioeconómicas.  A nivel nacional, la prevalencia estimada de la obesidad, durante el periodo observado, se ubicó entre el 17,1% en 2016 y 33,7% en 2019. Se sugiere que los programas promuevan mejores entornos alimentarios, que permitan el acceso a los alimentos más nutritivos o saludables.

Por otro lado, la pandemia señala nuevos retos para la salud pública. Un millón y medio de personas que tuvieron covid, presentaron covid prolongado, un desenlace en salud emergente, que requiere mayor desarrollo de evidencia para su comprensión.

El covid prolongado ocasionó casi 200 mil años de vida saludables perdidos (38,7 por 10.000 habitantes) durante el periodo observado. Adicionalmente, el análisis de los efectos sobre los profesionales de la salud que atendieron la pandemia arroja datos para la reflexión, porque un cuarto de la fuerza laboral del talento humano fue afectada por covid-19, mostrando la vulnerabilidad de los programas de protección y seguridad ocupacional en esta población.